Organizaciones presionan a Trump para mantener el debido proceso a inmigrantes antes de deportarlos

Una coalición de organizaciones civiles que lideran la campaña #WelcomeWithDignity o #BienvenidosConDignidad presionan al gobierno del presidente Donald Trump, para que inmigrantes indocumentados tengan oportunidad de un debido proceso antes de ser deportados, como ocurrió con las personas enviadas a El Salvador.

“Mi cliente, Edicson Quintero Chacón, se encontraba en medio de un proceso legal en curso, solicitando a un tribunal federal que revisara la legalidad de su prolongada detención, pero en lugar de permitir que este caso procediera en los tribunales, el Gobierno estadounidense lo envió a la megaprisión CECOT de El Salvador, mediante la desaparición forzada”, declaró Rebecca Cassler, abogada litigante sénior del Consejo Americano de Inmigración.

El caso de Quintero Chacón es un ejemplo de cómo los inmigrantes están enfrentando la deportación sin tener oportunidad de defenderse ante la corte, como establecen las leyes estadounidenses, consideran los expertos, quienes destacan que la istración Trump está procesando a personas con casos de asilo pendientes y gente que ha vivido en EE.UU. durante años.

“Desde atacar a titulares de tarjetas de residencia por su libertad de expresión protegida por la Constitución hasta la desaparición de personas con Estatus de Protección Temporal (TPS) o con solicitudes de asilo pendientes en prisiones extranjeras en El Salvador, el presidente Trump está llevando a nuestro país hacia una crisis constitucional“, dijo Andrea Flores, vicepresidenta de Políticas y Campañas de Inmigración de FWD.us.

Flores destacó los casos de Andry Hernández Romero y Maiker Espinoza, quien fueron deportadas “bajo el pretexto de una ‘invasión’ sin fundamento”.

Los activistas indicaron que desde el 15 de marzo, la istración Trump ha deportado a El Salvador a 280 personas –acusadas de ser de las pandillas Tren de Aragua y MS-13–, muchas de las cuales se desconoce su estado físico, además de criticar el pago de $6 millones de dólares al gobierno de Nayib Bukele por encerrar a los inmigrantes.

“El gobierno estadounidense aún no ha publicado los detalles de su acuerdo con el presidente salvadoreño Nayib Bukele y se ha negado a confirmar los nombres de las personas enviadas a la CECOT”, dijeron los defensores.

El martes, la secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, evadió responder directamente con un “sí” o un “no” a los cuestionamientos de la representante demócrata Lauren Underwood (Illinois), quien le preguntó si cualquier persona en EE.UU. tiene derecho al debido proceso, según la Constitución.

Presión desde el Congreso

Los activistas agregaron que los congresistas deberían enfrentar la política migratoria del presidente Trump.

“Los del Congreso y los funcionarios electos de todo el país deben exigir inequívocamente el regreso seguro de las personas desaparecidas ilegalmente y privadas de sus protecciones legales”, agregó Flores.

Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, consideró que si bien EE.UU. no tiene suficiente espacio para encerrar a los indocumentados, las prisiones en El Salvador operan como espacios para “desaparecer a las personas”.

“Para disuadir o aterrorizar a las poblaciones inmigrantes, el riesgo de estar en Estados Unidos como migrante es el riesgo de ser desaparecido en una prisión”, acotó.

En el mismo tenor se pronunció Robyn Barnard, directora sénior de Defensa de los Refugiados en Human Rights First, que acusó a la oficina de Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de “desaparecer repentinamente” a los inmigrantes bajo su custodia.

“[Esas personas] no tuvieron oportunidad de notificar a sus familiares, hablar con su abogado ni refutar las acusaciones de su desaparición”, dijo. “El gobierno estadounidense continúa ocultando el destino y el paradero de estas personas, a pesar de su complicidad y control sobre lo que les sucedió y les sigue sucediendo”.

Michelle Brané, directora ejecutiva de Together & Free, destacó que las familias de las personas enviadas a El Salvador quieren saber sobre sus familiares.

“Son padres, madres, hermanos e hijos cuyos seres queridos han desaparecido físicamente en un pozo negro de maltrato”, expuso. “El debido proceso y el trato humano son para todos. Es lo que hace grande a Estados Unidos. Todos los estadounidenses deberían preocuparse cuando nuestro gobierno decide ignorarlo”.

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