DOJ y Texas llegan a un acuerdo para poner fin a la matrícula estatal para inmigrantes indocumentados
Después de que la istración Trump presentó una demanda contra el estado argumentando que la política era ilegal, un juez de distrito acordó revertirla
La demanda del Departamento de Justicia argumentó que la ley de Texas infringía la ley federal. Crédito: Alex Brandon | AP
Cientos de estudiantes indocumentados en Texas ya no tienen a la matrícula estatal, luego de que la Fiscal General de Estados Unidos, Pamela Bondi, y el Fiscal General de Texas, Ken Paxton, emitieron las siguientes declaraciones:
“El Departamento de Justicia (DOJ) felicita a los líderes de Texas y al Fiscal General Ken Paxton por colaborar con nosotros con rapidez para detener un programa que trataba a los estadounidenses como ciudadanos de segunda clase en su propio país”, declaró la Fiscal General Pamela Bondi.
“Otros estados deben tener en cuenta que seguiremos presentando litigios afirmativos para remediar las leyes estatales inconstitucionales que discriminan a los ciudadanos estadounidenses”, continuó.
El Departamento de Justicia de EE.UU. demandó al estado por su política de permitir que los estudiantes indocumentados paguen la matrícula estatal en universidades públicas. En cuestión de horas, Texas se puso del lado del Departamento de Justicia, y el juez federal de distrito Reed O’Connor otorgó una orden judicial permanente, anulando la política.
“Me enorgullece apoyar a la Fiscal General Bondi y a la istración Trump para detener una ley inconstitucional y antiestadounidense que otorgaba matrícula universitaria estatal a inmigrantes indocumentados”, declaró el Fiscal General de Texas, Ken Paxton.
“Esta ley fue un insulto a los ciudadanos de nuestra nación y, con razón, se ha impedido su aplicación. Seguiré luchando por el pueblo estadounidense y trabajaré con celeridad para derrotar cualquier política que priorice a los inmigrantes indocumentados sobre nuestros propios ciudadanos”, insistió.
Texas se había convertido en el primer estado en permitir beneficios de matrícula estatal a estudiantes indocumentados en 2001, cuando el exgobernador republicano Rick Perry promulgó la Ley Dream de Texas.
Hasta antes de este jueves, en Texas, los estudiantes indocumentados podían acceder a la matrícula estatal si cumplían ciertos criterios, como graduarse de una escuela preparatoria texana, residir en Texas al menos tres años antes y firmar una declaración jurada en la que se comprometían a solicitar la residencia permanente.
Según la ley estatal, los ciudadanos estadounidenses podían acceder a la matrícula estatal siempre que ellos, o uno de sus padres, hubieran residido en Texas al menos un año antes de matricularse en la universidad.
Sin embargo, la moción se presentó pocas horas después de que el Departamento presentara una queja en el Distrito Norte de Texas para prohibir la aplicación de las leyes texanas que exigían a las universidades ofrecer tasas de matrícula estatales a todos los extranjeros que mantuvieran su residencia en Texas, independientemente de su estatus legal.
La ley federal prohíbe a las instituciones de educación superior ofrecer a los extranjeros beneficios que no se ofrecen a los ciudadanos estadounidenses. Las leyes texanas entraban en conflicto directo con la ley federal y la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos.
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