Corte Suprema acepta caso sobre inmigrantes detenidos por ICE que acusan abusos de GEO Group
El Máximo Tribunal decidirá si la empresa que opera prisiones migratorias tiene "inmunidad" en una demanda colectiva por abusar laboralmente de detenidos
GEO Group opera varias prisiones de ICE. Crédito: David Zalubowski | AP
La Corte Suprema confirmó este lunes que aceptó la solicitud de GEO Group Inc., una de las empresas que opera prisiones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), para revisar una demanda colectiva en su contra de inmigrantes que acusan de recibir amenazas de aislamiento por negarse a realizar tareas de limpieza.
Geo Group Inc. instó a los jueces a evaluar si la controversia sobre su intento de usar la defensa de inmunidad —basada en sus contratos con el gobierno federal— puede presentarse ahora ante un tribunal de apelación, luego de que la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito rechazara el argumento de “inmunidad”.
La demanda surgió luego de que los inmigrantes acusaron presiones para formar parte de una política de saneamiento obligatoria en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Aurora, en California.
La acusación de los inmigrantes alega que la política de saneamiento viola la Ley de Protección de Víctimas de la Trata de Personas y que GEO Group se enriqueció injustamente, ya que les pagó solamente un dólar al día por su trabajo, bajo amenaza de aislamiento.
La empresa afirma tener “inmunidad”, debido a sus contratos con ICE, pero los jueces apelaciones rechazaron tal argumento.
“GEO presentó una moción de juicio sumario, alegando que tenía derecho a inmunidad soberana derivada de conformidad con la decisión de la Corte Suprema en Yearsley v. W.A. Ross Construction Co. […]. GEO argumentó que la doctrina Yearsley funciona como un escudo contra demandas, más que como una defensa ante la responsabilidad”, dice un documento de la Corte de Apelaciones.
En un Tribunal de Distrito, GEO Group ya había enfrentado una derrota, lo que llevó a buscar la desestimación del caso, el cual lleva en litigio desde 2014.
“Por negativa continua [en las acciones de limpieza por un dólar al día], un detenido podría enfrentar una serie de posibles sanciones, incluyendo traslado disciplinario, confinamiento solitario por hasta setenta y dos horas, suspensión de privilegios, reprimenda y advertencia”, indica un documento de la Corte de Apelaciones.
El caso Alejandro Menocal et.al. V. The GEO Group Inc. es liderado también por los inmigrantes Marcos Brambilia, Lourdes Argueta, Hugo Hernández, Grisel Xahuentitla, Jesús Gaytán, Olga Alexaklina, Dagoberto Vizguerra y Demetrio Valerga.
Un elemento clave en la demanda es que GEO Group argumentó que ICE “exigió” un programa de limpieza en las prisiones, pero la Corte de Distrito consideró que no hubo elementos suficientes para demostrarlo.
“El tribunal de distrito determinó que los ‘formularios de auditoría utilizados por ICE no eran lo suficientemente específicos para demostrar que [ICE] ordenó o exigió las políticas de limpieza de GEO y su implementación’, a pesar de los argumentos de GEO en sentido contrario”, indica la decisión del Tribunal de Apelaciones.
¿Qué es la docrina Yearsley?
El equipo de defensa de GEO Group busca apegarse al caso Yearsley v. W.A. Ross Construction Co., un caso de 1940, sobre unos terratenientes de Nebraska que reclamaron daños y perjuicios a un contratista del gobierno.
Los demandantes acusaron al contratista por provocar erosión en el río Missouri en la construcción de diques, arrasando con parte de sus tierras.
En ese caso, las partes acordaron que el Gobierno federal autorizó y dirigió el trabajo de la empresa para mejorar la navegabilidad del río Missouri, todo en conformidad con la ley federal.
Sobre tal asunto, la Corte Suprema determinó que si “una esta autoridad para llevar a cabo el proyecto fue válidamente conferida”, es decir, dentro del poder otorgado por el Congreso, “no hay responsabilidad por parte del contratista por ejecutar su voluntad”.
GEO Group afirma que tiene “inmunidad” en el caso de abuso contra inmigrantes, porque estaba implementando una orden del Gobierno federal.
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