Trump indultó a exsheriff de Virginia condenado a 10 años de prisión por soborno

El presidente Donald Trump indultó a Scott Jenkins, exsheriff de Virginia, quien en diciembre fue condenado por aceptar más de $70,000 dólares en sobornos a cambio de nombrar a empresarios locales como ayudantes.

Mediante una publicación en la plataforma Truth Social, el mandatario de la nación señaló que Jenkins fue víctima del Departamento de Justicia.

“El sheriff Scott Jenkins, su esposa Patricia y su familia han sido arrastrados al INFIERNO por un Departamento de Justicia corrupto y armado de Biden”, escribió.

Durante más de una década, Scott Jenkins se desempeñó como sheriff del condado de Culpeper en el norte de Virginia, pero al buscar reelegirse en 2023 fue condenado por un cargo de conspiración, cuatro cargos de fraude postal y electrónico de servicios honestos y siete cargos de soborno relacionados con programas que reciben fondos públicos.

La fiscalía afirmó que aceptó sobornos en efectivo y en forma de contribuciones de campaña a través de varias personas, incluyendo a dos agentes encubiertos del FBI.

Presuntamente, Jenkins les ofrecía puestos de ayudantes a pesar de no haber recibido formación ni verificación, y de no ofrecer ningún servicio a la oficina del sheriff.

Además, se le acusó por presionar a algunos funcionarios para que accedieran a restablecerle el derecho de poseer un arma de fuego a un delincuente convicto.

Tres de las personas que sobornaron al exsheriff se declararon culpables por su participación en el plan de soborno.

Debido a la naturaleza de sus delitos, Scott Jenkins fue sentenciado a 10 años de prisión, en marzo.

A través de un comunicado, Zachary T. Lee, fiscal federal interino, indicó que el exsheriff intentó beneficiarse de su cargo y por ello debía ser privado de su libertad.

“Scott Jenkins violó su juramento al cargo y la confianza que los ciudadanos del condado de Culpeper depositaron en él al participar en una red de intercambio de insignias.

Exigimos a nuestros funcionarios electos encargados de hacer cumplir la ley un estándar de conducta más estricto, y este caso demuestra que cuando estos funcionarios usan su autoridad para enriquecerse injustamente, el Departamento de Justicia los exigirá cuentas”, indicaba parte del documento.

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