Presionan por medidas para proteger de ‘la Migra’ a víctimas y vendedores ambulantes

Vendedores ambulantes y líderes sindicales urgieron a los líderes legislativos de Sacramento a aprobar tres medidas para proteger de los operativos antiinmigrantes de Trump a los vendedores ambulantes y las víctimas de la violencia.

“Los inmigrantes han sido convertidos en un blanco en todos los frentes. Tenemos un presidente cuyo mensaje de odio ha prometido deportar a millones,  y un gobernador que está proponiendo recortar el cuidado de salud para los californianos indocumentados”, dijo la senadora María Elena Durazo, hija de trabajadores del campo que emigraron de México.

“Estos son inmigrantes que contribuyen con $8,500 millones en impuestos y han ayudado a que California se convierta en la cuarta economía más grande del mundo. Ellos están al frente de industrias esenciales como la construcción, la agricultura, la hotelería, el cuidado de niños y servicios domésticos”, dijo.

El proyecto de ley SB 635, la Ley de Protección de los Negocios de Vendedores Ambulantes de la senadora Durazo impide que su información confidencial se comparta con las autoridades federales de inmigración.

El segundo proyecto de ley, el SB 580, garantizará que los gobiernos locales y estatales sigan las mismas directrices del fiscal general al responder a los operativos de migración que se han visto en toda California en los últimos meses en escuelas, hospitales y otros centros.

“Queremos que las reglas y la orientación del Fiscal General sean las mismas para todos. Todos los inmigrantes californianos merecen a los mismos servicios públicos por los que pagaron: bibliotecas, escuelas, parques, centros recreativos y servicios de emergencia”.

Agregó que deberían poder acudir a un hospital cuando necesiten atención y estar seguros en el entorno educativo. 

los californianos indocumentados”, dijo la senadora María Elena Durazo, hija de trabajadores del campo que emigraron de México.

“Estos son inmigrantes que contribuyen con $8,500 millones en impuestos y han ayudado a que California se convierta en la cuarta economía más grande del mundo. Ellos están al frente de industrias esenciales como la construcción, la agricultura, la hotelería, el cuidado de niños y servicios domésticos”, dijo.

El proyecto de ley SB 635, la Ley de Protección de los Negocios de Vendedores Ambulantes de la senadora Durazo impide que su información confidencial se comparta con las autoridades federales de inmigración.

El segundo proyecto de ley, el SB 580, garantizará que los gobiernos locales y estatales sigan las mismas directrices del fiscal general al responder a los operativos de migración que se han visto en toda California en los últimos meses en escuelas, hospitales y otros centros.

“Queremos que las reglas y la orientación del Fiscal General sean las mismas para todos. Todos los inmigrantes californianos merecen a los mismos servicios públicos por los que pagaron: bibliotecas, escuelas, parques, centros recreativos y servicios de emergencia”.

Agregó que deberían poder acudir a un hospital cuando necesiten atención y estar seguros en el entorno educativo. 

“No deberíamos usar los valiosos recursos de California para aplicar medidas federales de control migratorio. Mantengámonos unidos y nu

“No deberíamos usar los valiosos recursos de California para aplicar medidas federales de control migratorio. Mantengámonos unidos y nunca abandonemos nuestros valores”, dijo Durazo.

Hizo ver que muchos vendedores ambulantes con licencias comerciales viven con el temor constante de perder su sustento para sus familias.

California es el hogar de más de 10 millones de inmigrantes, lo que representa el 27% de la población del estado.

Gustavo Landeros Mireles, vendedor ambulante y beneficiario de DACA, padre de tres hijos de nueve, tres y un año, dijo que la venta ambulante le ha dado libertad financiera y le ha permitido mantener a su familia, pero hoy existe una amenaza inminente que pone en peligro su futuro. 

“Esto se debe a que muchas ciudades han añadido requisitos adicionales para otorgar las licencias de vendedor ambulante como huellas dactilares, verificación de antecedentes penales y la divulgación de información confidencial”.

Afirmó que esto es aún más aterrador hoy en día debido al ambiente antiinmigrante, en el que compartir cierta información puede conllevar a la deportación. 

“Esta carga adicional y el miedo disuaden a las personas de solicitar su licencia de vendedor. Este proceso también es una doble extorsión: si no la solicitamos, la policía no dejará de multarnos y acosarnos, pero si la pedimos, podemos ser separados de nuestras familias”. 

Enfatizó que estos requisitos de doble moral para los vendedores son solo una de las muchas maneras en que las leyes intentan suprimir las oportunidades económicas de los inmigrantes, especialmente de las personas de color de bajos ingresos. 

“Muchos vendedores ambulantes son indocumentados. Muchos no hablan inglés, por lo que las posibilidades de que impugnen esto en tribunales superiores son mínimas. Espero que en el futuro puedan reescribir e impugnar las leyes anti-vendedores en los tribunales”.

La senadora Susan Rubio presentó el proyecto de ley SB 841 que protege a las sobrevivientes de abuso al limitar la aplicación de la ley migratoria en espacios como refugios para víctimas de violencia doméstica y centros de crisis por violación.

“Lo que quiero hacer con mi proyecto de ley, SB 841 es asegurar que cuando las personas sean lastimadas, tengan la capacidad y la confianza de acudir a lugares donde recibirán ayuda sin temor a ser deportadas”.

Expuso que esa es una decisión que muchos sobrevivientes se ven obligados a tomar, y no se trata solo de violencia doméstica sino de víctimas de agresión sexual y trata de personas, y personas sin hogar.

“Hemos visto a agentes de inmigración yendo a estos albergues y a escuelas. Ya no estamos seguros en ningún lugar. Es horrible que una víctima tenga que elegir entre ser golpeada, agredida y quedarse allí por temor a ir a un albergue para víctimas de violencia doméstica o a un lugar donde pueda recibir servicios y luego ser deportada”. 

Así que dijo que la SB 841 protege a los albergues, centros de crisis y proveedores de servicios para personas sin hogar de ser utilizados como herramientas para la aplicación de la ley migratoria.

“Deja claro que si buscas ayuda, no deberías ser castigado con la deportación. Este proyecto de ley trata de proteger a las víctimas y garantizar que los lugares a los que acuden en busca de apoyo sean sagrados, seguros y estén fuera del alcance de este tipo de ataques”

La SB 841 está patrocinada por la Red de Centros de Justicia Familiar de California, la Alianza de California para Acabar con la Violencia Doméstica, la Coalición para Abolir la Esclavitud y la Trata de Personas (CAST), la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y VALOR.

La SB 580 está patrocinada por SEIU California, y la SB 635 está copatrocinada por la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), el Colectivo de Poder Comunitario (C), Acción Inclusiva para la Ciudad (IAC), la Coalición del Interior para la Justicia de los Inmigrantes (IC4IJ) y Public Counsel. 

John Hinestroza, conserje en el Silicon Valley dijo que es parte de la fuerza laboral inmigrante que mantiene a este estado y a este país en funcionamiento.

“En California, los inmigrantes son una fuerza laboral vital para nuestra economía, que enriquece nuestra cultura y fortalece el tejido social del estado, pero vivimos en constante riesgo de ser afectados por las leyes de inmigración o la deportación”. 

Añadió que el miedo no es imaginario sino real. 

“Es el miedo que sentimos al llevar a nuestros hijos a la escuela, al médico o simplemente al salir a trabajar. La SB 580 puede devolvernos algo fundamental: una sensación de paz. Este proyecto de ley ayudará a proteger nuestros datos y a nuestras familias. 

“Nos permitirá ir al médico, a la escuela o pedir ayuda sin temor a correr peligro. La SB 580 es una forma concreta de decir que la comunidad inmigrante merece vivir en paz, con dignidad y sin persecución”.

El proyecto SB 580 se encuentra actualmente en el Comité de Asignaciones del Senado. La SB 635 se dirige ahora al Pleno del Senado.