Organizaciones apelan ante tribunal acuerdo de ICE y IRS sobre información de inmigrantes con ITIN
Defensores de inmigrantes indocumentados presentaron un nuevo recurso legal contra ICE y IRS ante la Corte de Apelaciones de Washington, D.C.
ICE busca utilizar datos de IRS para ubicar a indocumentados. Crédito: Corte de Distrito de D.C. | ICE
Varias organizaciones que defienden a inmigrantes presentaron una apelación contra la decisión de la Corte de Distrito de Washington, D.C., para avalar el intercambio de información sobre inmigrantes indocumentados entre la oficina de Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la agencia de Inmigración y control de Aduanas (ICE).
“Se notifica que todos los demandantes apelan ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia contra el Memorándum de Opinión y Orden de este Tribunal que deniega la Moción de los demandantes de una medida cautelar preliminar”, indicaron los demandantes.
La jueza Dabney L. Friedrich permitió el intercambio de información entre el ICE, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y IRS, aunque limitado a investigaciones judiciales, pero los demandantes están en desacuerdo, debido al riesgo de que la información sea utilizada para procesos de deportación.
“El acuerdo permite al IRS divulgar la información del domicilio de los contribuyentes basándose únicamente en la autorización del ICE para que dicha información se utilice para procesar delitos, lo que genera gran preocupación por el uso no autorizado de los datos de contribuyentes inmigrantes”, dijo Nandan Joshi, abogado de Public Citizen y principal abogado del caso. “Y si se transfieren datos privados en masa, será demasiado tarde para proteger la privacidad de los contribuyentes“.

Los demandados en el caso son el secretario del Tesoro, Scott Bessent; IRS; la comisionada interina del IRS, Melanie Krauss; la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; el DHS; el ICE, y el director interino del ICE, Todd Lyons.
Los demandantes en el caso son el Centro de Trabajadores Unidos, Immigrant Solidarity Dupage, Inclusive Action for the City y Somos Un Pueblo Unido, quienes son representados por Public Citizen Litigation Group, Alan Morrison y Raise the Floor Alliance.
“Hoy, nuestra apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. destaca el peligro del plan irresponsable y peligroso de la istración Trump de secuestrar el IRS para la vigilancia migratoria y la necesidad de prevenir daños irreparables a nuestras comunidades”, declaró Kevin Herrera, director legal de Raise the Floor Alliance”.
Destacó que aquellos inmigrantes con el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), deciden pagar impuestos, a pesar de que no tienen ningún beneficio en retorno, debido a que no tienen papeles.
“Quienes presentan un ITIN cumplen con su deber cívico y ayudan a nuestro gobierno a financiar el Seguro Social y Medicare, creyendo en la promesa de largo tiempo de que la información tributaria es privada”, agregó Herrera. “Ahora, el DHS y el IRS están disuadiendo a la gente de volver a presentar impuestos. Mientras el caso se resuelve, instamos al IRS a abstenerse de compartir información bajo este acuerdo”.
Rudy Espinoza, director ejecutivo de Inclusive Action for the City, destacó que continuarán con la batalla legal, antes de que el acuerdo tome efecto.
“Si se permite, esto sería catastrófico: atraparía a inmigrantes trabajadores en la maquinaria de deportación del gobierno y destruiría la integridad del sistema tributario del país y la columna vertebral de nuestra economía”, acotó.
Marcela Díaz, directora ejecutiva de Somos un Pueblo Unido, una organización de derechos de los inmigrantes con sede en Nuevo México, dijo que el aporte de los inmigrantes a los programas sociales y de salud ayudan a los gobiernos estatales y federal.
“Los trabajadores inmigrantes contribuyen al mantenimiento de servicios esenciales como la educación, la atención médica y las carreteras mediante nuestros empleos y los impuestos que pagamos”, dijo Díaz. “Sin embargo, al exigir que todas las ramas del gobierno federal participen en la aplicación de las leyes migratorias, incluso cuando no es su mandato, esta istración perjudicará tanto a inmigrantes como a no inmigrantes y debilitará la fortaleza y la vitalidad económica de este país”.
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