Artera agresión de Trump a México 

Durante una conversación telefónica, el presidente Donald Trump propuso a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el envío de tropas para combatir y eliminar a los cárteles de la delincuencia organizada. 
 
De forma categórica y enérgica, la jefa del gobierno de México rechazó la oferta bajo el argumento de que la soberanía nacional “no es negociable”. Y planteó: “Podemos colaborar. Podemos trabajar juntos, pero con ustedes en su territorio y nosotros en el nuestro. Podemos compartir información, pero nunca aceptaremos la presencia del Ejército de Estados Unidos en nuestro territorio”. 
 
Una intervención armada en México no frenaría el narcotráfico ni el consumo de drogas en Estados Unidos, pero si provocaría una sangrienta guerra en suelo mexicano y una pérdida (una vez más) de nuestra soberanía en lo que sin duda sería una intervención prolongada por parte de personal militar estadounidense. 
 
Quedó claro que desde 2018, cuando asumió la primera Magistratura, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) articuló una política de profundo nacionalismo en relación con Estados Unidos, sustentada en una absoluta prudencia, con el objetivo de mantener relaciones cordiales y constructivas con el presidente Trump. Dicha política tenía como eje principal la “prosperidad económica compartida”. 
 
Sin embargo, durante el mandato del presidente Joe Biden, la prensa estadounidense alertó que las intenciones de Trump incluían acciones militares en México con el supuesto objetivo de liberarlo del poder de los cárteles mexicanos. 
 
La pregunta clave en torno a esta peligrosa situación sigue siendo: ¿qué pretende el republicano con el envió de de su ejército a México? 
 
Estados Unidos siempre ha recurrido a su aparato de seguridad para intervenir de forma directa en los asuntos internos de México. En este momento con la consigna de que ha llegado el momento de que el Gobierno mexicano acepte la intervención militar estadounidense porque los “cárteles han rebasado el poder del Estado” y amenazan su seguridad nacional, tiene todo que ver con instrumentar el máximo debilitamiento del proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación (4T) y de ser posible destruirlo. 
 
De que otra forma debemos entender el anuncio de la mayoría republicana en la Cámara Baja del Congreso, de incluir un estatuto a su paquete presupuestario (conocido como “the One Big Beautiful Bill Act”) para gravar con un impuesto del 5% a las remesas que se envían desde los EEUU al mundo. México recibe más de 60,000 millones de dólares en remesas al año y gravarlas como se propone en Washington, supone un duro golpe económico a los más vulnerables y a la economía mexicana. 
 
A esto habría que añadir la propuesta legislativa en la misma dirección que desde enero pasado presentó el diputado federal republicano por Texas, Nathaniel Moran, quien pretende un impuesto de 37% a las remesas de los 5 países que más indocumentados envíen a los Estados Unidos, según lo certifiquen las autoridades de inmigración. Esta iniciativa que hasta el momento ha pasado mayormente desapercibido lleva por título “The Border Security Investment Act” (El Acta Para la Inversión en seguridad en la Frontera). 
 
Que quede claro, Trump no busca la democracia o el más estricto respeto a los derechos humanos en México. En el fondo, sólo persigue el más completo y perverso sometimiento de las autoridades de México a la voluntad de sus designios. ¿Hasta qué extremos pretende llegar el mandatario para frenar el innegable progreso de Mexico? 
 
En ese sentido, hay que recordar lo que Washington ha hecho con Cuba y Venezuela, por no querer pertenecer a la órbita imperial del Tío Sam. Históricamente, Estados Unidos recurre a todos los medios -incluidos los militares- para dominar a las naciones que han aprendido a decirle: “No”, en español diáfano. 
 
En este caso, el modelo mexicano implementado desde el régimen lópezobradorista tiende a que el Estado sea el gran rector de la vida nacional, sepultando al neoliberalismo – impulsado por Estados Unidos desde el término de la Segunda Guerra Mundial- que tiende a concentrar la riqueza en una élite. En el caso mexicano, los oligarcas sólo produjeron un saqueo de la riqueza nacional peor que la realizada por españoles en la Conquista. Los gobiernos de la 4T han terminado con este periodo histórico aciago en perjuicio del interés nacional y del pueblo. Fue así como separaron el poder político del poder económico y eliminaron prebendas que se otorgaban a los de la oligarquía, empezando desde cobrarles los impuestos y disminuyendo su participación en tareas en las que la presencia del Estado debe ser hegemónica como son los sectores estratégicos como el petrolero y el de la producción de alimentos. Este nuevo modelo de economía moral tiene como motor su orientación social, bajo el principio fundamental que reza: “Por el bien de todos, primero los pobres”. Un nuevo paradigma con resultados, ya que, hasta ahora, nueve millones de mexicanos han abandonado las filas de la pobreza. 

Debido a ello, esta propuesta de desarrollo económico con sentido social ya empieza a ser replicado en diversos países, pues es asumido como alternativa al neoliberalismo, que no es otra cosa que un capitalismo salvaje, sin rostro humano, que sólo produce pobreza para los pueblos y concentración insultante de la riqueza. 

Esto, por supuesto, enfurece a Trump que a toda costa sólo privilegia a unos pocos y a sus aliados, sin importar que para ello sean violados los derechos humanos y sociales; además de respalde la masacre del pueblo palestino cometido por el ultraderechista Benjamín Netanyahu.  

El republicano ocupante de la Casa Blanca se erige como un dictador, expande su autoridad para favorecer a unos cuantos multimillonarios, atropellando el estado de derecho y soslayando los principios fundacionales que le valieron a Estados Unidos el calificativo del “faro de la democracia”. 

Ante este escenario, llegó el momento de intensificar los esfuerzos de todas y todos los mexicanos en ambos lados de la frontera para fortalecer la unidad pro-activa que nos permita hacer frente común a esta ofensiva reaccionaria que de mil maneras simulará que no lo es cuando toda la evidencia disponible indica lo contrario. Si no actuamos como nos corresponde a todos, después podría ser demasiado tarde. 
 
(*) Juan José Gutiérrez es el director ejecutivo de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes.