Investigación federal: California y su ayuda a inmigrantes indocumentados

El estado de California es investigado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por sus programas de apoyos a inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos sin documentación migratoria en regla.

Funcionarios del DHS mantienen bajo investigación el Programa de Asistencia en Efectivo de California para Inmigrantes (CAPI).

De acuerdo con las autoridades federales, acusan al programa CAPI de ayudar a que personas migrantes que no son elegibles para recibir beneficios del Seguro Social reciban ayuda debido a su condición migratoria.

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La acción legal contra el CAPI es por proporcionar asistencia en efectivo a ciertos inmigrantes legales ancianos, ciegos y discapacitados que no son elegibles para recibir pagos de seguridad social por su estatus legal en el país. 

El DHS solicita todos los registros del Departamento de Servicios Sociales Públicos del Condado de Los Ángeles, que istra el programa estatal, para determinar si los migrantes no elegibles recibieron ingreso de Seguridad Suplementario de la istración del Seguro Social de enero de 2021 a la fecha.

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La autoridad federal en Los Ángeles está solicitando los siguientes registros, de acuerdo con la agencia.

• Nombre y fecha de nacimiento del solicitante.
• Copias de las solicitudes.
• Estado migratorio.
• Prueba de inelegibilidad para SSI de la istración del Seguro Social.
• Declaraciones juradas en apoyo de la solicitud.

Los beneficiarios del programa CAPI del Condado de Los Ángeles deben ser extranjeros que hayan ingresado legalmente a Estados Unidos, hayan obtenido una libertad condicional, hayan obtenido una entrada condicional o hayan sido suspendidos de expulsión.

Entre los candidatos están personas afganas y ucranianas que están en libertad condicional humana.

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De acuerdo con el sitio web del Condado de Los Ángeles, para ser elegibles al programa CAPI se deben cumplir ciertos requisitos, como ser residente de California, tener 65 años o más, ser ciego o discapacitado, ser no ciudadano y cumplir con los criterios de estatus migratorio vigentes para SSI/SSP.

También, se solicita tener recursos por debajo de los límites permitidos de $2,000 dólares para un individuo o $3,000 dólares para una pareja, así como tener ingresos menores a los estándares de pago del CAPI.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, más de 2 millones de extranjeros ilegales no elegibles recibieron un Número de Seguridad Social solo en el año fiscal 2024.

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El Instituto de Políticas Públicas de California calculó que alrededor de 1.1 millones de personas reciben subsidios mensuales del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) o del Pago Suplementario Estatal (SSP), y que poco más de la mitad de los pagos se entregan a personas de 65 años o mayores.

La cifra incluye unos 15,000 residentes legales que no cumplen con los criterios adicionales de no ciudadanía para recibir los pagos de seguridad social.

El 15 de abril, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva para reducir los incentivos a personas que viven ilegalmente en Estados Unidos.

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Trump ordena al secretario de Seguridad Nacional colaborar on los secretarios de Trabajo y de Salud y Servicios Humanos, el comisionado de la istración del Seguro Social y el fiscal general de Estados Unidos para garantizar que los extranjeros ilegales no elegibles no reciban fondos de los programas del Seguro Social.

Además, se debe priorizar la aplicación de medidas civiles o penales contra los estados o localidades por posibles infracciones de la ley federal.

En un comunicado, la secretaria del DHS, Kristi Noem, acusó a los políticos de izquierda en California de priorizar a los migrantes en Estados Unidos sobre los ciudadanos estadounidenses al otorgar a los inmigrantes indocumentados a prestaciones económicas.

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“Si eres inmigrante ilegal, deberías irte ya. Se acabó el tren de la riqueza. Aunque esta citación se centra únicamente en el Condado de Los Ángeles, es solo el principio“, expresó Kristi Noem.

Desde antes de la llegada de Trump a la presidencia, el 20 de enero, California manifestó el apoyo a las comunidades inmigrantes indocumentadas ante la amenaza de la nueva istración para deportar a las personas que no estén en Estados Unidos con la documentación migratoria en regla.

Los Ángeles se declaró ciudad santuario para proteger a sus residentes indocumentados, sin brindar asistencia a fuerzas del orden federal y migratoria para identificar y detener a personas inmigrantes indocumentadas para su deportación.

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