La Casa Blanca evalúa suspender el habeas corpus, que protege de detenciones arbitrarias

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, declaró el viernes que el presidente Donald Trump y su equipo están considerando activamente suspender el recurso de habeas corpus como parte de la ofensiva migratoria de la istración.

“Bueno, la Constitución es clara —y, por supuesto, la ley suprema del país— al afirmar que el privilegio del recurso de hábeas corpus puede suspenderse en caso de invasión”, declaró Miller a la prensa en la Casa Blanca.

“Así que es una opción que estamos considerando activamente. En gran medida, depende de si los tribunales hacen lo correcto o no”.

El presidente Donald Trump ha estado personalmente involucrado en las discusiones dentro de la istración sobre la posible suspensión del habeas corpus, el procedimiento legal que permite a las personas impugnar su detención en los tribunales, según CNN, que cita a dos personas familiarizadas con la consideración.

Un recurso de habeas corpus obliga a las autoridades a presentar a la persona que tienen detenida y a justificar su confinamiento ante un juez o una corte.

La Constitución dice que el habeas corpus no puede suspenderse “a menos que en casos de rebelión o invasión la seguridad pública lo requiera”.

Steve Vladeck, un experto en derecho de seguridad nacional que enseña en la Universidad de Georgetown, citado por The Hill, dice en su blog que ese requisito de la Constitución es clave.

“Esta última parte? no es solo una fachada; de nuevo, la cuestión es que la revisión judicial es la opción predeterminada, excepto cuando existe una emergencia de seguridad nacional específica en la que la revisión judicial podría, por sí sola, exacerbar la emergencia. La emergencia en sí misma no es suficiente”, escribió Vladeck en su blog.

“Miller tampoco se digna a mencionar que el consenso casi universal es que solo el Congreso puede suspender el habeas corpus”, señala Vladeck.

Según el Centro Nacional de la Constitución, este recurso jurídico solo ha sido suspendido en cuatro instancias en la historia de EE.UU.: durante la Guerra Civil y el periodo de Reconstrucción, en Filipinas cuando estaba bajo control estadounidense y en Hawaii tras el ataque japonés a Pearl Harbor.

El gobierno de Trump ha usado la excusa de una “invasión” de inmigrantes para justificar legalmente acciones como la deportación de extranjeros, en su mayoría venezolanos, hacia la megacárcel del CECOT en El Salvador y para invocar la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros.

Varias organizaciones de defensa de los derechos humanos han presentado demandas en oposición a las políticas del gobierno y, en múltiples instancias, los tribunales han fallado a su favor, obstaculizando los planes de Trump.

Las ONG han usado precisamente el habeas corpus como defensa para frenar las expulsiones de más inmigrantes al CECOT y de varios universitarios señalados por su activismo pro-palestino.

La istración de Donald Trump ha decidido forzar los límites del poder judicial, ignorando las órdenes de jueces federales y lanzando una campaña en su contra.

El caso de las expulsiones al CECOT ha sido uno de los más polémicos: el gobierno se ha negado a cumplir con la solicitud de la Corte Suprema y de un tribunal de menor instancia de “facilitar” el regreso de Kilmar Ábrego García, un inmigrante que fue enviado al país centroamericano pese a tener un estatus legal.

Miller, el principal arquitecto de las políticas antiinmigrantes del gobierno, ha tildado a varios jueces federales de “activistas” y los ha acusado de orquestar un “golpe de estado judicial”. 

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