Gobierno de Trump pide a corte desestimar demanda contra deportaciones exprés
La ACLU lidera una demanda contra la política para que ICE pueda detener a inmigrantes indocumentados y deportarlos de manera acelerada
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, lidera el plan de deportaciones de Trump. Crédito: ICE
El Gobierno del presidente Donald Trump pide a un juez federal que desestime la demanda de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) contra las deportaciones exprés, al considerar que es decisión de la istración en turno definir su política migratoria.
Las deportaciones exprés se aplican originalmente en inmigrantes indocumentados cerca de la frontera, a máximo 100 millas, y que no puedan demostrar que han estado al menos dos años en los Estados Unidos.
El plan de la istración Trump –que también fue bloqueado en 2017– es que la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aplique el mismo criterio en todo el país, no cerca de la frontera.
En su petición a la jueza Jia Cobb, el Departamento de Justicia –que representa a la istración Trump– recuerda que la deportación expedita, creada por el Congreso en 1996, concede el poder al gobierno en turno de implementar la política.
“Desde entonces, el Fiscal General o el Secretario de Seguridad Nacional han tenido, a su entera discreción y sin revisión, la facultad de designar como sujetos a deportación acelerada a ciertas clases de extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país y que no han estado físicamente presentes en Estados Unidos de forma continua durante los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de la determinación de inisibilidad”, dice la justificación de la istración Trump.
El argumento acusa que Make the Road New York, la organización demandante –a la que representa ACLU– no ha demostrado cómo le afecta el cambio de política de deportaciones de la istración Trump.
El gobierno rechaza las afirmaciones de que su política evada el debido proceso que merecerían los inmigrantes, aún siendo indocumentados, ya que no los presentaría ante un juez.
“La ley y los reglamentos protegen adecuadamente los derechos mínimos al debido proceso que puedan tener los extranjeros que ingresan ilegalmente y permanecen en el país menos de dos años”, dice el documento judicial.
La regla de deportación acelerada ampliada se implementó en la primera istración Trump y también fue desafiada por la ACLU y Make the Road New York y ahora se suma al nuevo plan migratorio del republicano.
“Las personas que viven en comunidades en todo Estados Unidos corren el riesgo de ser separadas de sus familias y expulsadas del país sin ningún recurso legal. Esto es un ataque a las comunidades, a nuestra Constitución y a los valores estadounidenses fundamentales”, dijo Anand Balakrishnan, abogado principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU y abogado principal en este caso.
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